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Publicado em 27/05/2022 - 07:53 / Clipado em 30/05/2022 - 07:53

Tasas de matrícula en las universidades públicas – 27/05/2022 – Sou Ciência / Brasil


La Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 206/2019, del Diputado Federal General Peternelli (União/SP), tiene como objetivo modificar dos artículos de la Constitución Federal con el objetivo de posibilitar el cobro de matrículas en las Instituciones Federales de Educación Superior (IFES). Una propuesta refrito, que circula desde hace tiempo en el país, inspirada en Estados Unidos y en parte de las universidades europeas, que a pesar de ser públicas comenzaron a cobrar colegiaturas como parte del ajuste neoliberal, desde la década de 1980 -y lo que resultó en un gigantesco endeudamiento de los estudiantes.

De aprobarse, la PEC, que ya recibió un informe favorable del diputado federal Kim Kataguiri, del mismo partido, debería herir gravemente el reciente proceso de democratización de la educación superior en el país.

¿Y cuál es la justificación de semejante revés? El relator afirma -aparentemente, sin un conocimiento profundo sobre el tema- que «la mayoría de los estudiantes de estas universidades acaban viniendo de colegios privados y podrían pagar la matrícula… y que no es correcto que toda la sociedad financie el estudio de los jóvenes de las clases altas».

A pesar de estar basado en un informe escrito por el Banco Mundial, llamado A Fair Fit, 2017, el argumento es erróneo en la medida en que utiliza datos desactualizados sobre el perfil de los estudiantes de las instituciones públicas, previo al establecimiento de la política de cuotas y la ampliación de vacantes, a partir de 2005.

Para combatir este tipo de conceptos erróneos, que suelen correr como la pólvora por las redes sociales, es fundamental recuperar hechos históricos y evidencias empíricas. Diez años después de la promulgación de la Constitución Federal, se configuró en la sociedad brasileña un movimiento que exigía la adopción de cuotas raciales y sociales para el ingreso a las universidades públicas, históricamente elitistas. Se destacó especialmente el protagonismo del movimiento negro, que logró la adhesión de varias instituciones públicas en la adopción de acciones afirmativas a lo largo de la década del 2000.

En la década siguiente, finalmente se promulgó la Ley de Cuotas para IFES (2012), que consolidó un cambio significativo en el perfil elitista histórico de la comunidad universitaria, con la reserva del 50% de las plazas de ingreso para los estudiantes que habían cursado todo el Bachillerato. Escuela en escuelas públicas, combinando a este perfil la situación de renta familiar – tener hasta 1,5 salarios mínimos per cápita (R$ 1.818,00 en valores de hoy) – y/o la autodeclaración de raza y etnia.

A finales de 2016, la ley pasó a incluir un porcentaje de reserva también para personas con discapacidad. La cantidad de lugares reservados se define de acuerdo con la proporción de la población objetivo en las unidades de la federación donde se ubican las instituciones. Como resultado, las universidades públicas brasileñas se han vuelto cada vez más diversas e inclusivas.

Un estudio reciente de SoU_Ciência, basado en datos del Censo de Educación Superior, prueba este profundo cambio, como se puede ver en la figura.

Los datos muestran que entre 2012 y 2022, con 10 años de vigencia de la política de cuotas, el perfil de los estudiantes cambió profundamente. Además, hay evidencia reciente de que los hijos de la élite están migrando a universidades privadas de última generación, con matrículas altas y por lo tanto súper selectivas, oa cursos en el extranjero, con valores aún más altos.

Además de penalizar a los jóvenes de clase media y baja que aún están en universidades públicas, el cobro de matrículas debería tener un impacto devastador, como sucedió con la deuda estudiantil en EE.UU. y en otros países, como Chile. En EE. UU., el cobro de derechos de matrícula fue la puerta de entrada a la privatización de los servicios universitarios y al avance de las prácticas mercantiles de enseñanza e investigación. Siempre es bueno destacar que el principio constitucional del derecho a la educación es universal en Brasil. Esto significa que la educación pública de calidad debe estar al alcance de todos sin distinción y no debe convertirse en una mercancía.

Otro mito que es necesario desmentir es el supuesto alto costo de los estudiantes públicos en comparación con las IES privadas o extranjeras. Como ya ha mostrado el Prof. Nelson Cardoso Amaral, de la UFG y SoU_Ciência, Brasil tiene un gasto por estudiante en educación superior por debajo del promedio de los países de la OCDE, a pesar de no ser muy distante. Sin embargo, esta comparación debe ser vista con mucho cuidado, ya que el presupuesto de las universidades federales brasileñas incluye recursos para el mantenimiento de sus hospitales y laboratorios de investigación, museos, orquestas, radios, televisores, haciendas, centros de eventos, jubilados y pensionados en las hojas. de pago etc

No es posible admitir, en términos de comparación, una cuenta que solo divida el monto del presupuesto por el número de estudiantes de pregrado matriculados en los cursos ofrecidos por el IFES, sin considerar estudiantes de especialización y posgrado, residentes en hospitales universitarios, etc.

En lugar de tener que defender lo obvio, la gratuidad y el acceso a la educación como un derecho fundamental, deberíamos estar exigiendo la responsabilidad de nuestros gobiernos para diseñar y debatir la continuidad de la expansión de las universidades públicas, la ampliación de los estudios de pregrado y posgrado, la mejora de la política de cuotas y la reanudación de las inversiones, ya que aún existe una gran cantidad de candidatos sin vacantes en las IES públicas, incluso ante la expansión de las universidades privadas desde 1990.

Se necesita claridad para comprender los verdaderos desafíos de la educación brasileña y enfrentarlos con competencia: una asignación justa de los fondos públicos y la derogación del tope de gasto para la educación superior, asegurando el futuro de los jóvenes y el desarrollo de nuestro país, con soberanía y equidad.​


Fuente: Uol


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